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Los intentos por explicar la Guerra del Pacífico, constituyen la primera fuente de desacuerdos en la ―guerra del papel‖. Desde luego, las llamadas ―causas remotas‖ significan cosas muy distintas en los tres países. Parece natural: raramente las historiografías se han puesto de acuerdo sobre la lógica previa a los acontecimientos, sobre ese tejerse de factores que convierte a los fenómenos en potencias irreversibles.

Para peruanos y bolivianos, que siguen con consecuencia el pensamiento de la derrota y el despojo territorial, la guerra no puede remontarse más allá de la década de 1840,  cuando  aparecen  el  guano  y  el  salitre.  Este  hecho  no  sería  de  por  sí desencadenante si no se contara con un factor subjetivo: la ambición chilena.

También es razonable este encadenamiento: no podría haber disputa sin contar con un poderoso aliciente económico, y Chile no hubiera aspirado a él en otra etapa — menos estable, menos preparada— de su vida republicana. Eso hace que todo intento de mirar atrás o más lejos en la historia parezca infructuoso.

La mirada chilena, en cambio, aparece tamizada por el triunfo. En general, la historiografía le teme a los derechos adquiridos por la fuerza; quizás encuentre demasiadas lecciones en conflictos que, una vez consumados, tuvieron su réplica y desembocaron en una verdadera espiral de violencia y fuerza. No es raro, entonces, que los historiadores chilenos remonten los orígenes de la guerra al pasado más lejano. Unos buscan en la Colonia y en la imprecisión de la Corona Española; otros, en títulos que probarían, por lo menos, que las cosas no estaban tan claras. La causa económica parece demasiado innoble y mezquina para ser la única.

VISIÓN PERUANA

Si el Perú nunca tuvo límites comunes con Chile, poco dispuesto están sus historiadores para remontarse al pasado en el examen de la guerra. Esta es una actitud generalizada, cuyas escasas excepciones conviene considerar sólo como opiniones de referencia.

Gustavo Pons*  tiene una cita curiosa y ambigua sobre la propiedad de las tierras salitreras: ―En la aplicación del uti possidetis se ha hecho una distinción entre lo que se denomina uti possidetis jure y el ut possidetis facto. Según lo primero, os estados tienen derechos al territorio que les pertenecía en 1810 según los títulos coloniales, o sea, según la delimitación hecha por el Rey de España y vigente hasta 1810‖.  De acuerdo a los argumentos y a las divisiones cartográficas coloniales que después se presentaron,  esta afirmación puede respaldar la soberanía de cualquiera de  los dos países: de Chile, si se considera que el límite de la Capitanía era el río Loa; y de Bolivia, si se toma por regla la extensión de la Audiencia de Charcas. También puede servir a cualquiera —pero especialmente a Chile— la afirmación siguiente: ―Según lo segundo, los estados tienen derecho al territorio que ocupaban sus habitantes y no al que señalaban sus títulos‖1.

Félix Denegri *  es más taxativo para calificar la acción chilena en el plano limítrofe. De acuerdo al utipossidetis, dice, el límite de Bolivia y Chile fue el Paposo, levemente al sur del paralelo 25. Esta cuestión nunca fue discutida hasta 1842, cuando Chile, por un acto de fuerza, fijó su límite en el paralelo 23. ―Lo que le daba posesión de ricos yacimientos de guano, salitre y minerales de plata. Esto, como era natural, suscitó la justa protesta del gobierno boliviano y además, porque los chilenos, de hecho, se dedicaron a explotar estas riquezas, dado que esa zona no contaba con una adecuada fuerza militar ni naval boliviana que defendiera su soberanía.

Denegrí agrega que la solución no efectiva de este conflicto es la causa remota de la guerra. Esta debió estallar en 1866. Su postergación es atribuible al ascenso del general Melgajero al poder en Bolivia.

 

Y estima que el verdadero conflicto escapaba a la suerte de Bolivia: ―Mucho se ha discutido sobre las causas de la guerra del Pacífico, pero sean cuales fueran, las raíces del conflicto se hallan en el deseo chileno de lograr la supremacía en el Pacífico Sur, mantenida desde siempre por el Perú y hasta el mismo año 1879, a pesar de los pasajeros eclipses en el aspecto naval en el siglo XIX.

En definitiva, la historia peruana cree que no es necesario remontarse más allá de 1840 para desentrañar la causalidad de la guerra. Excepto razones políticas y económicas —el expansionismo chileno— de largo alcance, todo se desencadena con el auge  económico  de  Atacama.  ―Tierra  inhóspita‖,  describe  el  historiador,  ―y  en apariencia desprovista de riqueza, prácticamente deshabitada, a no ser por unos pocos ‗infelices pescadores‘ changos en el litoral y algunas familias repartidas en pobres y escasas quebradas. Esa era la población del siglo XVIII, estimada en menos de 4.000 habitantes. Su vinculación práctica con el resto de Bolivia era nula‖2.

VISIÓN BOLIVIANA

El tema de la discusión sobre dominio territorial previo está, para la historiografía boliviana, lejos de toda consideración sobre la guerra del Pacífico. No hay, prácticamente, ninguna versión difundida que consigne la polémica sobre soberanía del desierto de Atacama, aun cuando ésta existió.

Esta actitud rubrica la opinión generalizada de que toda causa de la guerra debe buscarse en las ambiciones y la agresión chilenas. El resto —incluso la débil demarcación de la metrópolis española— tiene todavía menos importancia que en Perú.

Enrique  Finot*   remonta  las  causas  sólo  hasta  el  descubrimiento  de  los depósitos de guano de Mejillones, de las salitreras de Antofagasta y de los minerales de Caracoles. ―Allí‖, dice, ―Afluyeron capitales y empresas explotadoras, a la vez que verdaderas  colonias  de  obreros provenientes  del  sur, que se instalaron  en  la zona, mientras las autoridades bolivianas carecían de los medios necesarios para organizar su administración.

Y añade: ―El éxodo de la población chilena hacia el litoral boliviano fue un fenómeno natural provocado por las posibilidades de trabajo remunerado. La implantación de empresas chilenas o extranjeras organizadas en Chile y vinculadas a ese país, en las explotaciones de dicho litoral, fue un fenómeno económico que intensificó la influencia del país vecino en el desenvolvimiento de un territorio particularmente rico y desvinculado de los centros sociales y políticos de que dependían (…). Como consecuencia, los poderes públicos de Chile empezaron a preocuparse por la suerte de tal territorio y nació la ambición de disputarlo y de apoderarse de su dominio. Sin fuerzas para precautelar su heredad, Bolivia pensó en la alianza con el Perú, interesado en afianzar el monopolio del salitre, planteado en 1873‖4.  La única afirmación sobre soberanía aparece, como se ve, sancionada por un sustantivo cuidadoso (la heredad), que impide someterla a confrontación.

Para los bolivianos tiene extraordinaria importancia la actuación de los empresarios chilenos en la zona. Alcides Arguedas*  toma la palabra: ―Capitalistas e industriales chilenos se habrían posesionado de la zona privilegiada, y en su empuje fundaba el gobierno de Chile un título para mantener su vigilancia sobre el litoral de la nación desquiciada y revoltosa‖5.

Esta es la conclusión más clara: en esas empresas ―fundaba‖ Chile sus pretensiones territoriales. Otros antecedentes son accesorios: allí está la causa remota — y al mismo tiempo, mediata— de la guerra.

VISIÓN CHILENA

La gestión administrativa de la colonia española juega un papel decisivo en la historiografía chilena. Aparece como una de las causas remotas más evidentes de la guerra: las autoridades españolas, según esta versión, mostraron escaso interés (y en el largo plazo, escasa visión política) por delimitar con rigor las diversas fronteras entre las colonias de la Corona.

Gonzalo Bulnes* impulsa la interpretación generalizada en Chile: ―Cuando los pueblos americanos se emanciparon de España, sus límites territoriales no estaban bien determinados. La metrópoli no había tenido interés político en fijar los linderos de las secciones que formaban su imperio colonial, sino en la parte que limitaban con el Portugal porque esas divisiones eran para ella administrativas e internas‖6.

Esto habría determinado la clave del problema: la consagración del principio de  uti  possidetis  para  fijar  las  fronteras  de  los  nuevos  estados  independientes  no resultaba suficiente ni jurídica ni prácticamente.

Sólo Jaime Eyzaguirre**, siguiendo su tradicional erudición con respecto a la etapa colonial, hace presente que la cartografía hispana, y en especial el mapa del cosmógrafo Andrés  Baleato,  indican  un  límite  preciso  entre  Perú  y  Chile:  la desembocadura del río Loa7.

La afirmación de Eyzaguirre no es inocente. Se dirige a recordar que la mediterraneidad de Bolivia era un hecho jurídicamente consagrado ya en la colonia. Esto es algo que la historiografía chilena —o su mayor parte— olvida o disminuye en proporción al resultado de la guerra, que pareciera cerrar la discusión sobre el punto. Eyzaguirre detalla con cuidado la situación: ―En 1825 las provincias que antiguamente habían constituido la Audiencia de Charcas y que, a partir de 1776 se encontraban incorporadas al Virreinato de La Plata, acordaron proclamar su independencia‖. Y cuida de subrayar que el acceso al mar fue más una cuestión de voluntad que de derecho: ―Por poseer el nuevo estado un territorio mediterráneo, su primer Presidente, don  Antonio  José de Sucre,  se preocupó  de  buscarle un  puerto  y después  de una exploración encomendada al experto Francisco Burdel O‘Connor, se aceptó como tal la ensenada de Cobija situada al sur del río Loa‖.  Eyzaguirre elige sus palabras con minucia. Sucre ―se preocupó, y lo que hizo fue ―buscar‖, aunque no aclara cómo y con la responsabilidad de quién ―se aceptó‖ su hallazgo.

E insiste sobre ello cuando refiere que el Presidente boliviano Santa Cruz ―se preocupó de dar impulso a la caleta de Cobija, para hacer de ella el acceso de Bolivia al mar‖8.

El gobierno chileno legitimó estas iniciativas al dictar —una ley que reconocía la bahía de Mejillones (paralelo 23°) como límite norte del país. ―con esta ley‖, dice Eyzaguirre, ―Chile reconocía tácticamente que su límite septentrional era Mejillones, situado el 23° de latitud sur‖. Decisión que el historiador no comparte y reprocha —en sordina— a los gobernantes: ―aunque su títulos históricos podían justificar sus pretensiones hasta el paralelo 21 o 22‖9. No queda claro a qué se debe la imprecisión del final de la frase: si a una efectiva inseguridad en los títulos, o a un deseo de justificar, de modo indirecto, la situación que resultó de la guerra.

Otro historiador, Fernando Silva*, respalda también el reproche de Eyzaguirre a las autoridades chilenas. En la primera mitad del siglo, dice, consideraron con desinterés el despoblado de Atacama. Y entrevé hasta el centralismo posterior: ―dicha región careció de interés para los habitantes de la zona central. Indicio de esta actitud fue que, no obstante declarar los textos constitucionales, desde la Carta de 1822, que el límite norte de Chile era el desierto de Atacama, ninguna reclamación hicieron las autoridades al crearse, por iniciativa del mariscal boliviano Andrés de Santa Cruz, el distrito litoral de Cobija.

 

EN SÍNTESIS SEGÚN PERÚ:

- Perú nunca tuvo límites con Chile, por lo que no hay conflictos precedentes.

- Chile ocupó, por la fuerza y si derechos, hasta el paralelo 23.

- Chile aprovechó la debilidad boliviana en esa zona.

- La raíz profunda está en el deseo chileno de lograr supremacía en el Pacífico Sur, superando a Perú.

SEGÚN BOLIVIA:

- El conflicto se remonta a los descubrimientos de guano y salitre.

- La ocupación empezó con capitales chilenos atraídos por la riqueza.

- La soberanía del lugar era indiscutiblemente boliviana.

- El gobierno chileno aprovechó la inestabilidad del boliviano.

SEGÚN CHILE:

- Las autoridades coloniales no delimitaron con rigor la zona limítrofe.

- Hay antecedentes de que Chile limitó con Perú. Bolivia no tenía mar.

- Bolivia obtiene su formación y su salida al mar por una mera gestión de Sucre.

- La ley que fijó el límite chileno en el paralelo 23 fue una cesión errónea.

 

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